Autorizan diputados locales creación de centro para seguridad en Querétaro

El nuevo Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro se construirá con una inversión de mil 200 millones de pesos

Con una inversión de mil 200 millones de pesos aproximadamente, fue autorizada en comisión la creación del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CIAS) del Estado de Querétaro. A decir del diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Legislatura del Estado de Querétaro, este centro contribuirá enormemente al combate de todo tipo de delitos en el estado.

El CIAS de Querétaro se crea como un organismo descentralizado para “el comando, operación, monitoreo y control del sistema estatal de videovigilancia, operación, informática, análisis de información, atención a las líneas de emergencia y denuncia; así como la operación y administración de la red estatal de telecomunicaciones para la seguridad, radiocomunicación y red de transporte de voz y datos”.

Dicho centro interconectará más de 2 mil cámaras de Gobierno del Estado con los respectivos C4, y a futuro, el centro proyecta poder conectar también cámaras privadas. El diputado sostuvo que estas cámaras aportarán a la recavación de pruebas durante los hechos delictivos al poder localizar personas, automóviles o incluso disuadir a los delincuentes.

Policías no pueden hacer actividades distintas a las que marca la ley

La ley dispone cuáles son las competencias y tareas de cada uno de los funcionarios y servidores públicos, por lo que los oficiales de policía no pueden ser usados para actividades distintas a los de la fuerza pública y la vigilancia, como el de hacer trabajos de albañilería; situación que ocurrió en Peñamiller; explicó Cabrera Valencia

“La ley establece claramente las atribuciones cuando se le da un nombramiento a un servidor público, nadie está obligado a hacer un trabajo diferente: quien es policía es policía.”

El legislador explicó que aun cuando los policías estuvieran conformes, el acuerdo no era legal; por tanto, serán la propia oficina de Contraloría la encargada de investigar y deslindar responsabilidades.

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