Entre chismes y campanas 24 de junio

Atiende gobernador a manifestantes en la Alameda

Un grupo de manifestantes que exigía obras de agua potable, drenaje y de urbanización para las colonias Bosques de Bellavista y Maravillas, así como la entrega de lotes en la colonia Junípero tras su regularización, fue atendido por el gobernador del estado Francisco Domínguez, en la entrada a la Alameda Hidalgo, sobre avenida Zaragoza, donde organizaban su protesta.

Mientras las personas se ponían de acuerdo para realizar una caravana hacia Plaza de Armas, el mandatario bajó de un vehículo y dialogó con ellas, quienes ahí le entregaron sus peticiones. Antes de retirarse, Domínguez Servién dijo a los medios que revisará las solicitudes y se reunirá con un representante de cada colonia. Tras retirarse, el dirigente del Movimiento Democrático Queretano Francisco Villa, Sergio Razo, canceló la caravana.

Alejandro Ochoa usa recursos públicos con fines electorales: PT

Que el Partido del Trabajo (PT) presentó otra denuncia en contra del alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, por transgredir la “Ley electoral de Querétaro”, al promover su imagen en 10 municipios del estado con recursos de esa demarcación, aseguró a través de un comunicado.

Debe hacerse algo ante discursos de odio: DDHQ

Que Roxana Ávalos Vázquez, la titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, consideró que sí es necesario tipificar como delito los discursos de odio, a propósito de la propuesta al Congreso local; sin embargo, dijo, es necesario analizar el tema para no incurrir en violaciones a otros derechos.

“Definitivamente sí debe de hacerse algo con relación al tema, pero hay que tener cuidado, sobre todo porque hay que analizar bien el aspecto de subjetividad al que puede prestarse esto”, aunque recordó que la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” establece la libertad de expresión y pensamiento.

“A las personas no se les puede reprimir el que se expresen libremente, pero sí se tienen que hacer responsables de lo que digan y, en el caso de la libertad de pensamiento, ellas pueden pensar lo que consideren pertinente; sin embargo, cuando se trata de servidores públicos es diferente, porque deben ajustarse a lo que dicen las normas jurídicas que están aprobadas en el Estado mexicano”.