PAN busca dar certeza a quienes invierten en una propiedad: Agustín Dorantes

El diputado local del PAN, Agustin Dorantes, puntualizó que la iniciativa para reformar el Código Urbano pretende inhabilitar a los desarrolladores que no entreguen en tiempo y forma las obras a los municipios

Con la intención de que el Estado brinde certeza y seguridad jurídica a las familias que llegan a Querétaro y que buscan invertir en una propiedad para conformar un patrimonio y para quienes ya residen en el estado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local presentó una iniciativa para inhabilitar a los desarrolladores que no entreguen en tiempo y forma la obra a los municipios.

Agustín Dorantes Lámbarri, diputado y dirigente estatal del PAN, destacó que la iniciativa de ley para reformar el “Código Urbano del Estado de Querétaro” pretende acortar los tiempos de entrega de los fraccionamientos al municipio y evitar que se deje sin servicios a la población.

Al concluir la obra, refirió, el desarrollador tendrá seis meses para entregarla al municipio y en caso de que incumpla, la autoridad competente hará efectiva la garantía (actualmente los desarrolladores tienen un plazo de dos años para cumplir con la entrega).

“Con esta propuesta se pretende reformar diversos artículos del Código Urbano, considerando como sanciones la inhabilitación de seis meses a cinco años a la persona física o moral que no entregue en tiempo y forma los desarrollos”.

Destacó que también se contempla la creación de un padrón de desarrolladores, con el objetivo de que las personas tomen una decisión con mayor información sobre las empresas constructoras.

De igual forma, el diputado Antonio Zapata Gurrero detalló que esta iniciativa propone establecer como requisito que los nuevos desarrollos inmobiliarios cuenten con paneles y calentadores solares, espacios deportivos y de recreo, pasos peatonales y para los ciclistas.

“La inhabilitación como sanción evitará que sigan cometiendo infracciones y dejando en estado de indefensión a la ciudadanía (…) si bien, esta reforma impondría una carga a los desarrolladores, la misma no es excesiva; en especial si se confronta con el beneficio social y con el hecho de que la garantía se cancelaría en el momento en que acrediten que han cumplido con el código”.

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